La APDDA ha pedido también al Gobierno de España medidas para una estrategia eficaz para prevenir los envenenamientos de fauna silvestre
Redacción/. El Gobierno de España ha asegurado al senador Carles Mulet, miembro de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), que está valorando incluir aspectos agravantes al uso ilegal de cebos envenenados, en el Código Penal, o en los baremos de las infracciones contempladas en la ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. La información ha sido recibida a raíz de una pregunta escrita, presentada por el senador, en la que solicitaba sanciones más severas y efectivas contra los envenenamientos ilegales.
Según ha denunciado Mulet, “entre 1992 y 2017, se ha confirmado la muerte por consumo de cebos envenenados de 21.260 animales, pudiendo llegar la cifra real a más de 200.000, en un total de 9.700 delitos contra la fauna, y generando un impacto muy grave en la biodiversidad española”. El uso ilegal de veneno “impacta en especies como el buitre negro, el buitre leonado, el alimoche, el quebrantahuesos o el milano real. Todas estas especies, en su mayoría amenazadas, junto a otros mamíferos, como el oso pardo, lobo ibérico, lince ibérico o zorro, son víctimas todos los años del uso de cebos envenenados, un problema que también afecta a numerosas mascotas en entornos urbanos”, afirma Mulet.
El Ejecutivo también ha informado que actualmente, está en proceso de actualización la Estrategia Nacional de lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural, aprobada en 2004, estándose, en este momento, a la espera de que las Comunidades Autónomas remitan la información estadística precisa que permita realizar una evaluación conjunta del cumplimiento de la Estrategia durante estos últimos 15 años, y así poder proponer las líneas de actuación prioritarias a nivel estatal.
