Las organizaciones ecologistas reclaman límites al consumo de agua y energía de los centros de datos

Centro de datos. (Foto: Greenpeace).

Alertan de la presión sobre recursos hídricos, redes eléctricas, actividades económicas, territorio y biodiversidad

Redacción/. Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto a otros actores sociales, han presentado alegaciones al proceso de audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, ambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.

Las organizaciones advierten que «mejorar la eficiencia de los centros de datos no basta si el consumo total de agua y energía sigue creciendo sin límites. Necesitamos un debate social sobre el modelo de infraestructura digital que necesitamos construir como sociedad y decidir cuánto, dónde y bajo qué condiciones puede desarrollarse esta nueva expansión».

Por esta razón, las organizaciones plantean tres cambios principales en el proyecto del Real Decreto. El primero de ellos sería el establecimiento de unos límites ambientales. se trataría de salvaguardas ambientales y sociales máximas al consumo de agua y energía y evaluar el impacto acumulado de todos los centros de datos de un territorio, no proyecto por proyecto.

Las organizaciones ecologistas plantean tres cambios principales en el proyecto del Real Decreto

La segunda cuestión sería la planificación energética y territorial. Los grupos ecologistas piden que se decida dónde y en qué condiciones pueden instalarse un centro de datos y exigir que su nueva demanda eléctrica se cubra con generación 100% renovable, sin desplazar las necesidades de descarbonización del resto de la sociedad ni aumentar la presión sobre territorios y biodiversidad.

Y la última reclamación de las ONG conservacionistas sería el otorgamiento de unas garantías democráticas: aplicar el principio de precaución, mejorar la transparencia y garantizar una participación pública suficiente y rendición de cuentas antes de autorizar una expansión de esta magnitud. Todo ello reconociendo, además, que existen ciertos riesgos por la manipulación y desinformación que pueden mermar los procesos democráticos y los derechos colectivos.