La ONG demanda una mayor transparencia y coherencia en la contribución real a la transición ecológica y que se evite el lavado verde
Redacción/. Tras el análisis del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 (PGE 2023), Greenpeace valora positivamente la apuesta por un mayor gasto social (58% del total) y por la inversión pública (46.206 millones) en un momento de enormes dificultades para la ciudadanía. Por el contrario, la organización considera demasiado optimista que el 30,6% de los presupuestos estén alineados con la transición ecológica y considera inaceptable el gasto militar presentado que alcanza el máximo histórico y supera el 2% del PIB establecido por la OTAN.
Tras el análisis del primer informe de alineación de los PGE 2023 con la transición ecológica, Greenpeace considera que la realización de este ejercicio de presupuestación ‘verde’ es un avance en transparencia, y pide al Gobierno que mejore la metodología empleada para dar una información más veraz. El análisis del Gobierno pone el foco en una cuarta parte del presupuesto, siguiendo las orientaciones de presupuestación ‘verde’ de la UE. Sin embargo, en la ONG detectan elementos que favorecen la sobrevaloración de las partidas presupuestarias como la exclusión en el cálculo de las transferencias a las comunidades autónomas, los gastos de personal o la valoración excesivamente optimista del grado de contribución de ciertos programas –como es el caso del Ministerio de Defensa– a la consecución de los objetivos climáticos, entre otras.
Greenpeace también señala la presencia de inversiones ‘marrones’, aquellas que favorecen los combustibles fósiles. Entre otros los beneficios fiscales a la industria electrointensiva y al consumo de hidrocarburos por valor de 1.302 millones o los fondos públicos destinados a la internacionalización de la empresa y la actividad comercial (+152% que en los PGE de 2022) que continúan financiando combustibles fósiles. En este sentido, “la ausencia de pasos con el compromiso adoptado el año pasado en Glasgow de abandonar la financiación pública internacional de energías fósiles – España es el quinto país de la OCDE que más recursos destina – y el incumplimiento en aprobar una ley de debida diligencia de Empresas, Derechos Humanos y Medioambiente, sitúan a estas políticas en el lado ‘marrón’ del balance”, señalan desde Greenpeace.
