SEO/BirdLife reclama que las empresas sufraguen la corrección de los tendidos eléctricos peligrosos

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Las electrocuciones y colisiones en tendidos eléctricos constituyen una de las principales causas de mortalidad de especies de aves, muchas de ellas protegidas 

Redacción/. Las electrocuciones y colisiones en tendidos eléctricos constituyen una de las principales causas de mortalidad de la avifauna en España. Se trata de un problema de fácil solución, ya que existe la tecnología para corregir las líneas. «Las empresas propietarias de los puntos, por lo general, se niegan a realizar correcciones si no son financiadas con dinero público», advierte SEO/BirdLife, ONG para la que esta situación no es ni justa –las empresas pueden y deben sufragar este coste sin repercutirlo en la ciudadanía–, ni respeta el marco normativo vigente.

Es por ello que SEO/BirdLife ha recurrido la decisión del juzgado de instrucción nº 3 de Tarragona, en el marco del procedimiento en el que está personada, que ha decidido suspender el proceso judicial contra E-distribución Redes Digitales, la antigua Endesa. En su auto, el juez considera que la empresa no es responsable de corregir los tendidos porque no hay financiación pública para hacerlo, ciñéndose a lo establecido Real Decreto 1432/2008 que, efectivamente, señala que el Gobierno deberá habilitar los presupuestos necesarios para cumplir con el objetivo de la norma: proteger la avifauna contra la electrocución y colisión en líneas eléctricas de alta tensión.

A juicio de SEO/BirdLife, este auto obvia normas de rango superior al mencionado Real Decreto y que dejan claro que, cuando existen pruebas suficientes sobre la peligrosidad de los tendidos, las empresas son responsables de subsanar el peligro. Es lo que ocurre en Tarragona, donde el Cos d’Agents Rurals ha reportado hasta 839 electrocuciones de aves, muchas de ellas protegidas por las normas de la Unión Europea o convenios internacionales. Es lo que se desprende de la Ley de Responsabilidad Ambiental, La Ley del Sector Energético y la Ley de Industria, todas ellas de rango superior al Real Decreto 1432/2008. Y es lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo en una reciente sentencia, donde establece que la responsabilidad de prevenir y corregir el daño es independiente de que exista o no financiación.

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