La captura y retención de aves fringílidas es una práctica prohibida por la Unión Europea
Redacción/. El Partido Animalista PACMA ha enviado un escrito a Florika Fink-Hooijer, directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, solicitando su intervención para detener la captura y retención de aves fringílidas autorizadas por la Comunidad de Madrid. Según advierte la formación animalista, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno autonómico emitió el 22 de septiembre un documento autorizando a grupos de la Federación Madrileña de Caza para la “retención de ejemplares” al amparo del programa de seguimiento de poblaciones de fringílidos, denominado Sefricam.
Desde PACMA informan de que no han podido consultar el contenido de dicho programa, ni la autorización de la Comunidad de Madrid, ya que no existe ninguna publicación relacionada de acceso público. De hecho, inciden en que toda la información relacionada con aves fringílidas ha desaparecido de la web del Gobierno autonómico. Para el Partido Animalista “esto constituye una alarmante e inadmisible falta de transparencia del Gobierno madrileño y vamos a denunciar ante la autoridad nacional competente estos hechos”. La única comprobación disponible es la subvención de 16.365€ a la Federación Madrileña de Caza para el proyecto ‘Seguimiento de las poblaciones de fringílidos en la Comunidad de Madrid’.
El Gobierno autonómico emitió un documento autorizando a grupos de la Federación Madrileña de Caza para la “retención de ejemplares”
La captura y retención de aves fringílidas es una práctica prohibida por la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres que ya motivó la incoación de un procedimiento de infracción de la Comisión Europea contra España en 2017. En 2019 se paralizó este procedimiento tras confirmar con el Ministerio para la Transición Ecológica que todos los gobiernos autonómicos estaban cumpliendo con la Directiva de Aves, al no haber concedido más autorizaciones para la captura en el medio natural de aves fringílidas durante los años 2018 y 2019. No obstante, advirtió que se reservaba el derecho de emprender acciones judiciales si algún territorio de España reanudara o insistiera en proseguir de cualquier manera con esta práctica de caza.
El Partido Animalista recalca haber presentado el 29 de octubre un escrito ante el Ministerio dirigido por Teresa Ribera, solicitando su intervención, pero, al no haber recibido respuesta, se han visto en la obligación de apelar a la Comisión Europea.
