Greenpeace propone priorizar la financiación del transporte público en la nueva Ley de Movilidad

Para la ONG, la fiscalidad del diésel, los peajes de las autopistas y las nuevas tasas de la aviación deben servir para dotar de más fondos al transporte público 

Redacción/. A las puertas de que comience en el Congreso el debate sobre la nueva Ley de Movilidad, Greenpeace recuerda que el transporte público ha sido un servicio fundamental durante el confinamiento, garantizando el acceso a los puestos de trabajo esenciales, y demanda un mecanismo estable de financiación estatal donde la fiscalidad verde se destine a impulsar el transporte sostenible.

Esta propuesta forma parte del paquete de medidas elaborado por Greenpeace para la futura Ley de Movilidad, una iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) que deberá proporcionar un marco estable de regulación, planificación y financiación para la movilidad estatal. La elaboración de esta ley fue una de las demandas de Greenpeace a los partidos de las pasadas Elecciones Generales en 2019. Unas propuestas destinadas a lograr un modelo de movilidad socialmente justo y que consiga reducir las emisiones del transporte, un sector actualmente responsable del 29% de las emisiones de CO2 a nivel nacional, señala la ONG.

Greenpeace advierte que la demanda del tráfico rodado se ha recuperado mucho más rápido que la del transporte público y recuerda que la contaminación atmosférica supone más de 31.600 muertes prematuras al año en España, según los datos publicados ayer por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

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