La ‘Operación Chamartín’ vuelve a los tribunales

Contempla la construcción de 22 torres de similares a las cuatro existentes en la Plaza de Castilla y 10.700 viviendas al norte de la M-30 

Redacción/. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) contra el proyecto ‘Madrid Nuevo Norte’, la última versión de la ‘Operación Chamartín’. Ahora se abre un proceso en el que tras las alegaciones de las partes implicadas, el TSJM determinará «si el macroproyecto urbanístico se ajusta a derecho o es nulo de pleno derecho, tal y como defienden las organizaciones recurrentes», asegura Ecologistas en Acción.

‘Madrid Nuevo Norte’ supone, a juicio de las dos ONG, la transformación de 3,3 millones de metros cuadrados de suelo al norte de la ciudad de Madrid, una superficie que equivale a tres veces el parque de El Retiro. Aunque el 80% del suelo es de titularidad pública (Adif, Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Canal de Isabel II y Empresa Municipal de Transportes), el aprovechamiento lucrativo está en manos de la entidad privada denominada Distrito Castellana Norte (DCN) formada por el BBVA y la constructora San José. En este sentido, «la operación no contempla la construcción de vivienda pública social y las viviendas con algún tipo de protección están por debajo del mínimo legal», denuncian las dos organizaciones.

Proyecto ‘Madrid Nuevo Norte’.

Otra cuestión clave en el proyecto para Ecologistas en Acción y FRAVM, es la losa de hormigón de 20 hectáreas (superficie equivalente a 20 campos de fútbol) que se pretende construir sobre las vías de tren, junto a la estación de Chamartín, para ubicar las zonas verdes. Este tipo de espacios debe crecer sobre el suelo natural, nunca sobre una losa de hormigón. Sin embargo, «el colocar las zonas verdes de cesión en una losa permite a DCN construir más sobre el suelo natural. Es decir, una vez más se antepone el interés privado del BBVA sobre la calidad de vida de las personas», señalan las dos organizaciones.

«La operación no contempla la construcción de vivienda pública social y las viviendas con algún tipo de protección están por debajo del mínimo»

El objetivo de Ecologistas en Acción y FRAVM es lograr la nulidad del proyecto en los términos en que se ha aprobado porque entienden que es innecesario, contiene una edificabilidad sobredimensionada, no mejora la carencia en dotaciones de los barrios vecinos, reduce las cesiones de equipamientos públicos, contempla zonas verdes por debajo de los mínimos permitidos y elimina dos vías pecuarias.