La Comunidad de Madrid aprueba la modificación de la Ley del Suelo regional

El principal cambio es la sustitución la licencia urbanística por la declaración responsable que permite el comienzo de obras sin supervisión municipal 

Redacción/. El pleno de la Asamblea de Madrid celebrado ayer, con la mayoría parlamentaria de los grupos formados por PP, Ciudadanos y VOX, ha aprobado la Ley por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid para el impulso y reactivación de la actividad urbanística. La aprobación se ha producido por lectura única, «es decir sin permitir la presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios», lamenta Ecologistas en Acción.

La modificación consiste en el cambio de 13 artículos (del 151 al 163) de la actual Ley del Suelo. La principal reforma consiste en reducir los mecanismos vigentes de control municipal sobre los actos de uso del suelo, construcción y edificación. En muchos de estos actos, se sustituye la licencia urbanística, que supone una supervisión municipal desde el inicio de la solicitud del promotor, por la declaración responsable. En esta última, el control del ayuntamiento es posterior, una vez iniciada la construcción o la actividad, y siempre que el municipio cuente con medios suficientes de inspección, «cosa que en general no sucede, y por lo tanto implica un elevado riesgo de que se realicen intervenciones ilegales que conlleven efectos irreparables (demoliciones de edificaciones históricas, daños a terceros, construcciones ilegales en suelo protegido, etc)», señala Ecologistas en Acción.

A juicio de la ONG, no se puede cambiar la licencia urbanística por la declaración responsable ignorando la situación de los ayuntamientos y de la propia Comunidad de Madrid. «Sabiendo que los servicios administrativos de control urbanístico carecen de los medios personales y tecnológicos suficientes, lo que en la práctica supondrá más caos y más impunidad en el urbanismo madrileño», advierte la organización ecologista.

Por otra parte, la Dirección General de Patrimonio Cultural (Consejería de Cultura y Turismo) ha visto rechazadas todas sus sugerencias y que no duda en entender en su informe que «la figura de la declaración responsable tiene efectos muy negativos en la protección del patrimonio cultural. Su aplicación en la práctica supone que la necesaria autorización previa es sustituida por un control realizado a posteriori que en la mayor parte de los casos tiene lugar una vez producido un daño que ya es irreparable».