Entre 2014 y 2018, la Confederación Hidrográfica del Tajo abrió 338 expedientes sancionadores en la región
Redacción/. El diputado de EQUO Juantxo López de Uralde ha denunciado «la falta de medios para la identificación y posterior sellado de los pozos ilegales o abandonados, así como un ‘vacío legal’ que impide la implantación de una normativa de seguridad específica para este tipo de casos», lo que ha favorecido la proliferación de estos pozos según la formación ‘verde’.
Ante este elevado número de expedientes y dado el grave impacto ambiental y los riesgos que suponen los pozos ilegales, el grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha preguntado al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid qué medidas se están tomando para corregir los incumplimientos a los que se refieren los 338 informes y evitar que se vuelvan a repetir.
Según informa EQUO, la región madrileña es la que más infracciones alberga: falta de autorización para el alumbramiento de aguas subterráneas (179), incumplimiento de las condiciones otorgadas (158) y la apertura de un pozo e instalación de mecanismos (1).








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