Piden al MITECO que frene la desprotección de las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid

La Plataforma Ecologista Madrileña y FRAVM reclaman la intervención del Estado para salvaguardar la Red Nacional de Vías Pecuarias

Redacción/. La Plataforma Ecologista Madrileña y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid se han dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para alertar de la reforma legal que impulsa la Comunidad de Madrid y que, a su juicio, pone en riesgo la protección efectiva de las vías pecuarias. Las organizaciones advierten de que el cambio normativo abre la puerta a su desclasificación como suelo protegido y reclaman la intervención del Estado para salvaguardar la Red Nacional de Vías Pecuarias.

Para ambos colectivos, aprovechar una ley de vivienda para alterar la protección de las vías pecuarias supone un cambio «encubierto» que puede tener consecuencias muy graves sobre un patrimonio público de enorme valor ambiental, social y cultural. En concreto, denuncian la reforma del artículo 25 de la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias, que hasta ahora obligaba a que las vías pecuarias fueran clasificadas en el planeamiento urbanístico como suelo no urbanizable de protección. Y, sobre todo, sustituye la obligación clara de «calificar» estas vías como suelo protegido por una fórmula ambigua que se limita a señalar que el planeamiento deberá «contemplar» esa protección.

Las organizaciones recuerdan que las vías pecuarias son bienes de dominio público cuya conservación es una obligación legal establecida en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias de ámbito estatal. Además de su función histórica ligada a la trashumancia, desempeñan hoy un papel esencial como corredores ecológicos y espacios de conexión territorial.

La Plataforma Ecologista Madrileña y la FRAVM han trasladado esta misma preocupación al consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, al que piden que retire la modificación prevista y mantenga la obligación expresa de clasificar las vías pecuarias como suelo no urbanizable de protección, reforzando —y no debilitando— las garantías que preservan este patrimonio común.