Miles de edificaciones incumplen la obligación de contar con planes de autoprotección ante incendios forestales

En la región existen más de 2.000 edificaciones, urbanizaciones y actividades económicas ubicadas en suelo forestal o en sus inmediaciones que carecen de planes de autoprotección

Redacción/. Según el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid para el año 2025, se han catalogado un total de 2.361 zonas de interfaz urbano-forestal (IUF) que ocupan un total de 22.624,56 hectáreas. De estas sólo se han realizado 60 planes de autoprotección, estando en tramitación otros 35.

A juicio de la Plataforma Ecologista Madrileña, formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama vivo y Liberum Natura, las zonas IUF y la superficie que ocupan podría ser mucho mayor, ya que existen más de 78.000 construcciones ilegales en la región. Muchas de ellas en zona forestal, lo que supone que cada una genera un área de contacto de alto riesgo, entre viviendas y monte.

Las zonas IUF son territorios en los que se mezclan estrechamente los límites urbanos y forestales, como núcleos de población y urbanizaciones enclavadas en monte o en sus inmediaciones, viviendas aisladas, campings, vertederos, gasolineras. Son zonas potencialmente muy peligrosas porque, en caso de incendio, el fuego penetra con facilidad. Por ello, para su defensa, exigen un gran despliegue de medios de extinción.

Las zonas IUF son territorios en los que se mezclan estrechamente los límites urbanos y forestales

Para reducir el riesgo para personas y bienes, el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid, más conocido por sus siglas como INFOMA, obliga, desde 2006, a que las áreas IUF dispongan de planes de autoprotección ante incendios forestales (PAIF). La versión INFOMA de 2017 y actualmente vigente extiende la obligación a los 59 municipios enclavados en Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales. El plazo para su aprobación era de un año que cumplió en junio de 2018.

La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia que el Ejecutivo autonómico incumple de manera sistemática su obligación de garantizar la seguridad ciudadana y opta por políticas de desregulación urbanística y ambiental que multiplican el riesgo y el gasto público, mientras reducen la protección de la biodiversidad.