Galapagar y El Molar habían proyectado desarrollos urbanísticos de gran envergadura. En ambos casos, y por motivos bien diferentes, se han paralizado sino anulado los desarrollos planeados
J. Flores/. En Galapagar existía un plan de desarrollo que preveía la construcción de unas 3.000 viviendas dentro del municipio, entre las colonias España y San José y la urbanización El Guijo. Este desarrollo urbanístico ha sido modificado “porque el desarrollo no se considera procedente en este momento ante la falta de infraestructuras y servicios y fortalecería el modelo de mancha de aceite que es precisamente lo que queremos evitar”, explicaba el delegado de Urbanismo y Obras Públicas, Luís Remacha (La Plataforma), al diario El País el pasado viernes 11 de septiembre.
En definitiva, un cambio de modelo, otra forma de gestionar el suelo de Galapagar. Tal y como explicó el alcalde del municipio, Daniel Pérez (PP) “hay que ir buscando alternativas al modelo de construcción en España en los últimos años”.
Una de cal y otra de arena
En El Molar sin embargo, parece que no buscan otros caminos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la aprobación definitiva de la nueva zona residencial conocida como SAU 21. Al estar proyectado cerca del aeropuerto de Barajas, esta área superaba la huella acústica marcada por la ley en 10 decibelios (65 frente a 55 durante el día y 55 frente a 45 durante la noche) lo que no garantizaba la salud de los ciudadanos.
Aún así, el gobierno de Esperanza Aguirre (PP) le había dado vía libre al plan y a la construcción de las 8.800 viviendas que albergarían a unas 28.000 personas. La justicia se ha interpuesto en el camino de sus proyectos tras la alegación de Ecologistas en acción.
Ecologistas en pie de guerra
A pesar de que la zona donde se pretendía construir el nuevo complejo residencial tiene cierto valor ambiental (como prácticamente cualquier zona de nueva edificación), los motivos que han llevado a anular la aprobación definitiva han sido meramente acústicos. Los ecologistas han ganado esta batalla a la Comunidad de Madrid, sin embargo, continúan alertando de “las graves irregularidades que se vienen cometiendo en la Dirección General de Urbanismo donde, sin escrúpulos, se aprueban actuaciones urbanísticas que no sólo afectan al medio ambiente sino también a la salud de las personas”.
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