Denuncian el «vaciado» del Consejo de Medio Ambiente y recurrirán ante el Convenio de Aarhus

Reunión del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

Desde la Plataforma Ecologista Madrileña aseguran que el órgano consultivo es un «paripé» para maquillar el retroceso ambiental en la región

Redacción/. Las organizaciones integradas en la Plataforma Ecologista Madrileña denuncian el progresivo deterioro del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, al que acusan de haberse convertido en un mero instrumento de «maquillaje» para la política ambiental del Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso.

La denuncia llega tras la convocatoria de urgencia (con apenas 48 horas de antelación) para la reunión de hoy que incluye un único punto: las entidades colaboradoras ambientales en el Anteproyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER). Si bien la creación de esta nueva figura supone la privatización de los trámites y la supervisión ambiental al externalizar en manos privadas unas funciones que hasta ahora eran competencia pública, quedan fuera del debate los aspectos ambientales más controvertidos de la norma, como la reintroducción del ‘todo urbanizable’ (similar a la ley de 1998) y la desprotección del suelo rural, advierten los ecologistas.

«Se convoca para aparentar cumplimiento legal, evitando deliberaciones reales», aseguran los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura. Según afirman, el Consejo ha sido desnaturalizado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que utiliza su mayoría absoluta (más del 60% de los vocales son de la administración) para ratificar decisiones tomadas previamente en otros ámbitos, como es el caso de la LIDER.

Para los ecologistas la reunión se convoca para «aparentar cumplimiento legal, evitando deliberaciones reales»

La nueva ley cuya aprobación está prevista para finales de 2026, supone un cambio radical del urbanismo y de la gestión del territorial madrileño. Sustituirá a la Ley 9/2001 del Suelo y a la Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial. La Plataforma Ecologista Madrileña advierte que esta norma «privatiza la función pública urbanística, prioriza el negocio inmobiliario sobre el derecho a la vivienda y desprotege el patrimonio natural y cultural» de la región. Por ello, ha generado una gran oposición ciudadana, organizada en la Coordinadora “Madrid contra la LIDER”.

Ante esta situación, los colectivos de la Plataforma Ecologista Madrileña ha anunciado que recurrirán al Defensor del Pueblo y al Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus, el tratado internacional que garantiza la participación ciudadana en asuntos medioambientales, para que investiguen el bloqueo de la participación democrática en la Comunidad de Madrid.