Piden una moratoria para los proyectos de plantas fotovoltaicas en el sureste de la región

En menos de dos años se han tramitado más de 50 megaproyectos fotovoltaicos en el entorno del sureste de la Comunidad de Madrid

Redacción/. ARBA, Asociación Ecologista del Jarama ‘El Soto’, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura, exigen al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Comunidad de Madrid, una planificación previa al despliegue de energías renovables en la región. «En esa planificación debe priorizarse y empezarse por la implantación de proyectos de autoconsumo. En la región hay 83.982 hectáreas de suelo con usos urbanos, es urgente estudiar la capacidad de implantación de placas fotovoltaicas en tejados y parcelas disponibles«, indican las ONG.

Placa fotovoltaica.

Estas asociaciones han firmado el «manifiesto de los movimientos sociales de base sobre la proliferación de proyectos de producción de energía fotovoltaica en el sureste de Madrid, oeste de Guadalajara, oeste de Cuenca y norte de Toledo». En tan solo dos años se han tramitado más de 50 proyectos que abarcan una superficie superior a 10.000 hectáreas, en la zona de estudio. Estos proyectos se concentran en zonas rurales, sobre los últimos suelos agrícolas de secano en producción que van quedando.

Es el caso del Valle del Tajuña, en el sureste de la Comunidad de Madrid, la alcarria de Guadalajara, al suroeste de la provincia o La Sagra, en el norte de Toledo y sur de la región madrileña. Esta acumulación de proyectos, muy próximos, genera el conocido ‘efecto sinérgico’ (suma de impactos de todos los proyectos) que a juicio de los firmantes no se valora adecuadamente ni por el Ministerio para la Transición Ecológica, ni por las comunidades autónomas, ni por los ayuntamientos.

Los colectivos ecologistas consideran que poniendo en marcha proyectos de autoconsumo sobre los tejados de los edificios de las grandes ciudades madrileñas y estudiando el suelo disponible, podría restarse carga a las zonas agrícolas del sur de la región que actualmente funcionan como ‘zonas de sacrificio’. «Para ello es imprescindible una moratoria para evitar que la destrucción del suelo productivo agrícola del sur sea irreversible», señalan los ecologistas.