La protección que El Pardo merece

Establecer una figura de protección adecuada para El Pardo lleva siendo algo necesario desde hace 50 años, está aún por ver cuál es la mejor forma de hacerlo

el Mirador
Por Ecologistas en Acción de Madrid Capital
El debate sobre el madrileño Monte de El Pardo ocupa actualmente el centro de atención mediático. Sin embargo, la búsqueda de una figura de protección medioambiental adecuada para el monte no es algo nuevo. En este texto vamos a remontarnos a los orígenes de El Pardo, destacar su valor ecológico y recordar las reivindicaciones en favor de su protección que tuvieron lugar en los años setenta y ochenta del siglo pasado. Nuestro compromiso está en subrayar la necesidad de una figura de protección para el Monte de El Pardo, así como en abrir el debate sobre qué figura sería la más adecuada.

Un poco de historia
Los orígenes del Monte de El Pardo se remontan a la dinastía Trastámara en el siglo XIV, que concibió la finca como un espacio de residencia temporal y coto privado de caza. Actualmente, Patrimonio Nacional es el organismo público responsable de El Pardo, mientras que la Corona española es la usufructuaria de la finca (llevando a cabo un aprovechamiento principalmente cinegético).

Alcornoque centenario de El Pardo.

Ha sido el aislamiento de El Pardo el que ha permitido su conservación. Se trata de un bosque mediterráneo que colinda con una gran ciudad como Madrid y que posee una biodiversidad sobresaliente. Desde alcornoques centenarios, encinares adehesados, pasando por densas poblaciones de especies emblemáticas como el águila imperial. Semejante valor medioambiental, sumado a las pretensiones de llevar a cabo desarrollos urbanísticos en la zona, propició la movilización del movimiento ecologista en 1979. Ya desde principios de los años setenta se estaba gestando un modelo de conservación ambiental más amplio, que no pusiese únicamente el acento en las montañas o entornos alpinos. Los ecosistemas mediterráneos habían sido considerados poco representativos, a la luz de los espacios alpinos protegidos de los Estados Unidos y de Europa. En esos años se va gestando una idea más amplia de conservación, de forma que Monfragüe y Cabañeros se declaran espacios protegidos bajo la figura de Parque Nacional. La Cuenca Alta del Manzanares, con sus 42.000 hectáreas de extensión y conformando una unidad ecológica con el Pardo, fue protegida bajo la figura de Parque Regional en 1985.

«Ha sido el aislamiento de El Pardo el que ha permitido su conservación»

En este contexto se realizaron dos propuestas para la protección del Monte de El Pardo bajo la figura de Parque Nacional, una en 1981 y otra en 1983. En la primera se presentó una proposición de ley en el Parlamento apoyada por el Ayuntamiento de Madrid y encabezada por el ecólogo Fernando González Bernáldez. La declaración del Monte de El Pardo como Parque Nacional incluiría la preservación de variados ecosistemas montanos, fluviales y de llanura. Y es que protegería la serranía, el piedemonte, la cuenca alta y media del río Manzanares, pasando por Soto de Viñuelas y la Casa de Campo hasta llegar a los encinares del suroeste madrileño. Esta propuesta no salió adelante por no contar con mayoría parlamentaria.

En la década de los ochenta se conoce que la autopista M-40 atravesará el monte, haciendo que en 1983 la asociación Amigos de la Tierra junto al PCE planteen una segunda propuesta de declarar el monte Parque Nacional. Además, comienzan las movilizaciones vecinales y ecologistas que culminarán en 1990 con la creación de la Plataforma en Defensa del Pardo, en la que participaron CODA y COMADEN, las coordinadoras de organizaciones madrileñas en defensa de la naturaleza.

Casi 16.000 hectáreas de paisaje mediterráneo
En 1997 es aprobado un Plan de Protección medioambiental para El Pardo se establece como uno de los objetivos prioritarios la sensibilización de la población de Madrid, para con este bosque mediterráneo, para lo que se propuso la creación de un Centro de Atención al Visitante. Llegamos así a la actualidad y lejos de cumplir estos objetivos, en las 900 de las 15.821 hectáreas que están abiertas al público, no encontramos ningún centro de información, ni tampoco suficientes medidas de vigilancia ni de concienciación ambiental. Es más, actualmente se suceden toda clase de usos irresponsables y perjudiciales que distan mucho del cuidado y conservación que merece un ecosistema como El Pardo. Desde el ejercicio del tiro al plato, pasando por botellones, a la erosión de los suelos producto de la práctica de bicicleta de montaña fuera de lugares habilitados, ponen de manifiesto la necesidad de incrementar la protección del área abierta al uso público.

Río Manzanares a su paso por El Pardo. (Foto: Ángel Antonio Caminero Gómez).

Por último, sorprende que, en el citado Plan de Protección medioambiental para El Pardo sin revisión desde su aprobación, se afirma que “el Monte estará al servicio y uso del Rey y de los miembros de la Real Familia” siendo “este su objetivo principal al que debe subordinarse cualquier uso”.

«Actualmente se suceden toda clase de usos irresponsables que distan mucho del cuidado que merece El Pardo»

El Plan de Gestión actualizado para El Pardo debería poner en el centro la protección ambiental, así como amortiguar la masificación, determinar las condiciones del uso público restringido en la actual zona de reserva y asegurar los instrumentos de cuidado y gestión de las 900 hectáreas abiertas. Un área verde boscosa ininterrumpida tan cerca de una gran capital es una fuente de servicios ecosistémicos tremendamente valiosa que la ciudadanía debe conocer. Tal y como se lleva a cabo en lugares como el Hayedo de Montejo o Cabañeros, el Plan de Gestión actualizado para el Pardo debería reconocer su potencial educativo, permitiendo una apertura al público controlada, siempre en forma de excursiones guiadas.

Dado que casi tres cuartos del perímetro del Monte de El Pardo se encuentran rodeados del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, tendría sentido que se protegiese bajo la figura de Parque Regional, otorgándole la categoría de máxima protección. Ello daría pie a una gestión compartida entre el gobierno autonómico y Patrimonio Nacional. De esta manera debería responder con mayor transparencia. Quizás una gestión compartida obligaría a incluir Planes de Ordenamiento de Recursos Naturales.