El 97% de la población considera que los incendios intencionados deben conllevar penas de prisión

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Los españoles identifican, como delito ambiental, al fuego por encima de cualquier otra conducta 

Redacción/. Con el fin de conocer la percepción que tiene la sociedad frente a los delitos ambientales y las acciones que se llevan a cabo para la investigación y determinación de la responsabilidad legal de los autores, SEO/BirdLife, en el marco del proyecto LIFE ‘Guardianes de la Naturaleza’, ha realizado un nuevo estudio en todo el territorio nacional. En octubre de 2018 se hizo una primera encuesta por una empresa demoscópica mediante un muestreo telefónico aleatorio a la población que se ha repetido cuatro años después para ver la evolución en la percepción social sobre este tipo de delincuencia.

Una de las conclusiones más destacadas y de máxima actualidad por la probabilidad del origen del incendio en Lanzahita (Ávila) situado en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Valle del Tiétar, es que el 97% de la población considera que los incendios intencionados deben conllevar penas de prisión. Además de esta unanimidad sobre que si es provocado debe tener pena de prisión, aumenta el número de personas que piensan que, ante imprudencias, también se debería ir a prisión, concretamente el 37,3% de las personas. Otro dato llamativo que se extrae del estudio es que un 70,8% de las personas considera que los delitos medioambientales son igual de importantes que el resto de los delitos incluidos en el Código Penal, casi un 6% más de lo que se percibía en 2019. El porcentaje de las que los consideran más importante se sitúa en el 18,8%.

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Incendio forestal en Cadalso de los Vidrios (Comunidad de Madrid).

En cuanto a las medidas que deberían adoptarse contra los delitos ambientales se han estudiado tres bloques de medidas: recursos de las instituciones, gravedad de las penas de los delitos y concienciación. Las más valoradas por la ciudadanía son las relacionadas con la sensibilización (concienciación en las escuelas, sensibilizar a la población sobre el valor del patrimonio natural y sensibilizar a los sectores que cometen más delitos) y mejorar el funcionamiento de la justicia, seguido del aumento de las penas. El 31,2% considera que para avanzar en la lucha contra los delitos ambientales, son necesarias principalmente medidas de concienciación, mientras que el 15,5% considera que son necesarias principalmente medidas de aumento y especialización de los profesionales (policías, jueces, fiscales, etc) y de los recursos necesarios para abordar este tipo de delincuencia.

«Los resultados de esta encuesta demuestran que las agresiones más graves contra el medio ambiente que recoge nuestro Código Penal cuentan con un amplio rechazo social y justifican su consideración como delitos», señala David de la Bodega, coordinador del Life ‘Guardianes de la Naturaleza’ y responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife.

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