Reivindican el derecho a la energía limpia para acabar con la pobreza energética

Arranca la Semana contra la Pobreza Energética que culminará con una concentración el 20 de febrero a las 12h (lugar por definir) 

Redacción/. En la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, alrededor de 30 organizaciones se unen un año más para exigir soluciones con varias actividades reivindicativas, bajo el lema ‘La pobreza energética mata’. Además, el 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Las organizaciones consideran que no hay mayor injusticia social que la relación directa entre el nivel económico y el impacto en la salud y calidad de vida. “La sociedad civil no es culpable de sufrir pobreza energética, sino víctima del modelo: el problema está en asumir la energía como un producto financiero y no como un derecho”, exponen.

Para esas más de 30 ONG, con la actual crisis de precios energéticos, para no dejar a nadie atrás es necesario considerar legislativamente el suministro de energía como un derecho y garantizar el acceso universal a este suministro básico, que permite unas condiciones de vida dignas según los estándares actuales. Para ello, las organizaciones exigen la implementación de una tarifa social energética que contribuya a la igualdad social, de la misma manera que el acceso al sistema sanitario, y la garantía de una cantidad mínima de agua para usos personales y domésticos. La implementación de esta tarifa daría respuesta a la ineficiencia que sigue demostrando la aplicación del bono social y el bono térmico, que continúa excluyendo a millones de personas que sufren pobreza energética, defienden las ONG.

Las organizaciones recuerdan que en la Cañada Real llevan 500 días sin luz. “No existe ninguna explicación coherente para esta negligencia. Hay personas que necesitan un suministro básico para la vida. En lugar de acceder por derecho, dependen de las condiciones de una empresa privada, propietaria en ‘monopolio natural’ de la red de distribución que les facilita el acceso”, denuncian las organizaciones sociales entre las que se encuentra Greenpeace.