El Parque de la discordia

La propuesta del Gobierno de Madrid está generando multitud de críticas en distintos ámbitos de la sociedad

Que una medida gubernamental cause controversia, polémica y debate no deja de ser algo habitual en la política. Que una decisión administrativa provoque la oposición de la práctica totalidad de los principales agentes ecologistas, sociales y políticos de su entorno es excepcional, cuando no, único. Esperanza Aguirre, con su propuesta de Parque Nacional de Guadarrama, ha logrado este último “honor”.

Ecologistas en Acción, Partido Socialista de Madrid (PSM), Foro de Segovia, Comisiones Obreras (CCOO),… tanta diversidad unida por un mismo motivo: su oposición al proyecto presentado por el Gobierno regional. ¿Están completamente equivocados en sus críticas todos estos organismos, mientras que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha dado con una medida perfecta? Ateniéndonos a la actitud de la presidenta -infalible- de la región, sí.

Dejemos las apariencias a un lado y entremos a valorar el fondo de las reprobaciones de estos agentes opositores. Para Ecologistas en Acción la propuesta de Aguirre “no cumple” con el Plan Director de Parques Nacionales ni con la Ley de la Red de Parques Nacionales, ya que ofrece una “superficie fragmentada y con importantes elementos de estrangulamiento”. Además, la morfología altamente irregular lo convertiría, a juicio de la organización ecologistas, en el más vulnerable de toda la Red de Parques Nacionales del Estado.

“Incumple la Ley”

Desde el Foro de Segovia el discurso es muy parecido. La asociación asegura que el proyecto “incumple la Ley de Parques Nacionales” con la fragmentación de su territorio, reduciendo además “en un 48% la superficie inicial de la Zona Periférica de Protección”. No sólo organismos ecologistas han puesto el grito en el cielo al conocer los planes de la Comunidad de Madrid. La política no ha sido una excepción a la hora de poner en duda la propuesta de Aguirre.

El PSM ha encarnado esta postura al pedir a la presidenta regional que retire su proyecto y elabore un nuevo estudio que “aumente de hecho la protección efectiva del territorio”. Para los socialistas el trazado y usos de la propuesta actual responden a una “operación propagandística para desviar la atención del auténtico objetivo subyacente, que es el de amparar jurídicamente los usos insostenibles en las Zonas de Transición, mucho más interesantes para el negocio urbanístico”.

“Una pantomima”

Por si esto fuera poco, también los agentes sociales se han manifestado contrarios al Ejecutivo autonómico. En este caso ha sido CCOO de Madrid quien ha mostrado su rechazo a la propuesta regional. Sin embargo, el sindicato ha ido más lejos que los organismos anteriores, ya que ha llevado el proyecto ante el Defensor del Pueblo, por considerarlo “una pantomima intolerable”, que ha supuesto un “tijeretazo” al plan original.

Según el secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de CCOO de Madrid, Manuel Fernández Albano, el objetivo de este recorte es “evitar limitaciones al crecimiento urbanístico” para “allanar el camino a las 40.000 viviendas y cuatro campos de golf proyectados” en la zona. La proporción mínima que los científicos han reclamado para el parque asciende a las 60.000 hectáreas, según el sindicato, mientras que el proyecto “lo ha dejado reducido a 19.775, menos de una tercera parte”.

Estos son sólo cuatro ejemplos de la oposición social que ha surgido ante el plan presentado por Esperanza Aguirre del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra del Guadarrama. Es un póker de casos representativos de la ciudadanía, la ecología, la política y los trabajadores. ¿Tienen relevancia en el universo de la Comunidad de Madrid? En absoluto. El mundo está equivocado, menos Esperanza Aguirre y su Ejecutivo, claro.