Ecologistas en Acción pide a Ayuntamiento y Comunidad de Madrid la elaboración urgente de sendos planes de mejora de la calidad del aire
Redacción/. El informe sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año en casi 500 estaciones de medición repartidas por todo el territorio español, entre ellas 45 situadas en la Comunidad de Madrid.
El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el nuevo valor objetivo para la protección de la salud aprobado para 2030 por la Unión Europea. De acuerdo a este umbral y al objetivo legal todavía vigente, que se evalúan por periodos de tres años consecutivos, el aire contaminado por ozono habría afectado durante el trienio 2023-2025 a los siete millones madrileños, que han sufrido la peor situación en toda España.
El informe toma como referencia el nuevo valor objetivo para la protección de la salud
La frecuencia de las superaciones del valor objetivo legal ha desbordado la de los años previos a la pandemia de la COVID-19, con un aumento del 45% en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019, en el conjunto de la Comunidad (el 107% en la capital). En 2025 se han producido además 175 superaciones del umbral de información en diversos episodios de alta contaminación durante los meses de junio, julio y agosto.

Anuncio de alta contaminación por ozono en una vía de Madrid.
«La contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden, que causa cada año hasta 1.500 muertes en la Comunidad de Madrid, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, afectando a niños, mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiorrespiratorias», advierten los ecologistas. Durante el verano de 2025, el Instituto de Salud Carlos III ha estimado en la región un exceso de 592 muertes por el calor y el ozono.
«La contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden»
Finalmente, Ecologistas en Acción está a la espera de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en el recurso interpuesto el año pasado contra la inactividad administrativa y la negligencia reiterada en la materia del Gobierno regional.
















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