Denuncian la ocupación de suelos protegidos junto al río Henares en Mejorada del Campo

La ocupación de 35.000 m2 de terreno dentro del Parque Regional del Sureste, «se lleva a cabo con la inhibición de varias administraciones», denuncian los ecologistas

Redacción/. Desde el año 2014 se han instalado numerosas huertas, chamizos y otras actividades en una zona del viaducto del AVE en Mejorada del Campo, la zona ocupada alcanza los 35.000 m2, y se encuentra junto a la desembocadura del Henares en el río Jarama. El uso de estos suelos infringe las normas urbanísticas de Mejorada del Campo (Suelos No Urbanizables de especial protección), así como la legislación sobre usos del Parque del Sureste para las ‘Zonas B, de reserva natural’, el segundo nivel de protección de este parque regional.

Desde marzo de 2023, los colectivos ecologistas de la Plataforma Ecologista Madrileña vienen solicitando la intervención de las administraciones con competencias sobre estos suelos, especialmente la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Mejorada del Campo. A pesar de las demandas de información que ha recibido, «el Ayuntamiento se ha negado a facilitar documentación de carácter público sobre estas ocupaciones. Ante esta situación hemos solicitado la intervención del departamento de Disciplina Ambiental de la Comunidad de Madrid», señalan los ecologistas.

Estructuras que ocupan en la actualidad los terrenos protegidos.

Por su parte, la Comunidad de Madrid, conservadora del Parque Regional del Sureste y de la Red Natura 2000, a cuyos suelos pertenecen los ocupados, «ni siquiera ha respondido a las solicitudes de intervención para hacer cumplir las normas de protección que se están vulnerando. Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid la pasa la pelota (la denuncia) a la Confederación Hidrográfica del Tajo y al Ayuntamiento de Mejorada», lamenta la Plataforma.

Los colectivos ecologistas que formamos parte de la Plataforma Ecologista Madrileña (ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura) exigen el respeto de las leyes urbanísticas y de protección ambiental, y denuncian la grave irresponsabilidad que practican algunas instituciones públicas.