La geografía de nuestro país está salpicada de megaproyectos urbanísticos y de infraestructuras, algunos de los cuales han acabado en los tribunales con anulaciones y condenas firmes
Redacción/. Para explicar el alcance e impactos de esta iniciativa legislativa, ANAPRI, Ecologistas en Acción, Asociación Cultural Chozas de la Sierra, Álula, ARBA Colmenar Viejo y ARBA Guadalix, organizan un acto informativo el viernes 5 de julio a las 19 horas en el Pósito municipal de Colmenar Viejo.
Ángeles Nieto Mazarrón, coordinadora de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid y del área de Urbanismo de esta organización, y que ha participado en numerosas alegaciones previas y demandas judiciales posteriores contra ilegalidades de proyectos urbanísticos que generaban problemas ambientales hablará de los efectos que esta nueva legislación tendría a distintos niveles en caso de ser aprobada.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del gobierno de España elaboró un proyecto de modificación de la vigente Ley del Suelo que ante la falta de apoyos acabó finalmente retirando el 23 de mayo, día en que estaba prevista su votación en el Congreso. Tres semanas después, tras las elecciones al Parlamento Europeo, ha vuelto a ser presentado con ligeras modificaciones por los grupos parlamentarios PSOE y PNV. Como parte de la batalla parlamentaria, el PP ha anunciado pocos días después que va a presentar en septiembre en el Senado su propia propuesta alternativa.
La premisa central de la propuesta es que el problema de la vivienda en España se debe a la inseguridad jurídica de ayuntamientos, comunidades autónomas y empresas, que en el proceso de elaboración, tramitación y ejecución de planes y proyectos son ‘víctimas’ de errores o defectos formales de carácter no sustancial que pueden ser subsanados a posteriori pero que, llevados a los tribunales, los paralizan o anulan.















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