El Jarama por San Fernando de Henares, «un peligroso problema de salud pública»

En San Fernando de Henares hay un grave problema sanitario y ambiental por la concentración de vertederos, colectores, ocupaciones de la ribera, etc.

Redacción/. Con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de Acción por los Ríos, una ocasión para denunciar la situación del entorno fluvial de San Fernando de Henares. En este pequeño tramo de la ribera del río Jarama se acumulan vertederos, ‘toallitas’, alcantarillas y colectores, olores pestilentes, una gravera ilegal, casi un km de chamizos en la ribera, etc.

Las organizaciones ecologistas Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama ‘El Soto’, Ecologistas en Acción, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura denuncian la grave irresponsabilidad de Ayuntamiento de San Fernando de Henares, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y la Confederación Hidrográfica, que permiten la existencia de esta concentración de riesgos ambientales y sanitarios en la Región más rica de España.

Salida programada para el próximo 16 de marzo.

«Lo que aquí sucede es el mejor ejemplo del fracaso de las administraciones para proteger a los ciudadanos de la región más rica de España de riesgos sanitarios y para garantizar la conservación de un ecosistema fluvial supuestamente protegido», señalan las organizaciones ecologistas. La causa principal de estos vertidos es el desbordamiento de las redes de saneamiento de San Fernando y Coslada y la inexistencia de tanques de tormentas en las EDAR de la zona (Rejas, San Fernando-Coslada, Torrejón, etc.). Estos vertidos se producen a escasa distancia de zonas residenciales de Coslada (Barrio de la Estación) y de parques urbanos y zonas de ocio.

«Es el mejor ejemplo del fracaso de las administraciones en la conservación de un ecosistema fluvial», señalan los ecologistas

«Estos problemas, impactos ambientales y riesgos sanitarios se produce desde hace ya muchos años, son conocidas y son un buen ejemplo de la incapacidad de las administraciones para aplicar la legislación y sus competencias cuando se trata de defender la salud pública y la conservación del ecosistema fluvial y los espacios protegidos», señalan los ecologistas.