SEO/BirdLife considera que la nueva directiva penal ambiental supone un gran avance para la protección de la naturaleza

Para la ONG conservacionista la norma comunitaria permite una mejor lucha de la criminalidad ambiental y la conservación del medio ambiente

Redacción/. El Parlamento Europeo aprobó ayer una nueva Directiva para la protección del medio ambiente a través del Derecho Penal en la UE que mejorará la investigación y el esclarecimiento de los delitos contra el medio ambiente.

Trampas para fringílidos decomisadas. (Foto: Apaf).

La nueva Directiva, que se aprobó por 499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstenciones, tiene por objeto establecer normas mínimas sobre la definición de los delitos penales y las sanciones para todos los Estados miembros con el fin de proteger mejor el medio ambiente, sustituyendo a la anterior Directiva de 2008, que estaba obsoleta ante la evolución del Derecho medioambiental de la UE. Supone así, a juicio de SEO/BirdLife, un avance significativo respecto a la norma que sustituye, fortaleciendo así la aplicación de la legislación que protege el medio ambiente.

La nueva Directiva tiene por objeto establecer normas mínimas sobre la definición de los delitos penales con el fin de proteger mejor el medio ambiente

Sin embargo, la norma ha dejado fuera algunos aspectos que habían sido solicitados por la principales ONG ambientales de la UE, entre ellas BirdLife International, que ha participado en las negociaciones con el asesoramiento de SEO/BirdLife. Aunque la aprobación final es todo un logro, durante el proceso ha habido dificultades para alcanzar el consenso en algunas materias, especialmente en lo que respecta a las sanciones, lo que refleja las diferencias entre estados en relación a la aplicación efectiva de la legislación ambiental en la UE.

Por otro lado, SEO/BirdLife considera que aunque la norma ha avanzado en materia de sanciones, para algunos casos, como los que afectan a las personas jurídicas, aún pueden considerarse insuficientes para disuadir eficazmente la comisión de delitos ambientales. También, la ONG considera que sería necesario reforzar el derecho de participación pública en los procesos penales. La norma reconoce el de información y abre la posibilidad a participar en los procedimientos penales, pero no recoge una acción popular a nivel de la UE.