Para diferentes ONG, la fiscalidad ecológica es un medio para incentivar cambios de comportamiento que se consideran positivos ambientalmente
Redacción/. En el documento ‘Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible‘, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF proponen reformas concretas de los impuestos actuales para incorporar criterios ambientales y hasta 13 nuevos impuestos que incentiven o penalicen determinadas actividades, conductas y decisiones de los agentes económicos según su impacto ambiental.
Reformar impuestos como el IVA, el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades para que primen actividades más sostenibles; las tasas sobre los hidrocarburos para penalizar a los combustibles más contaminantes; gravar la generación de CO2, disuadir de la producción de la energía nuclear; crear nuevos impuestos como el del vertido e incineración de residuos, sobre la caza, el consumo de plaguicidas o la extracción de agua subterránea; o un impuesto sobre la ganadería intensiva, etc., son algunas de las medidas que piden los grupos ecologistas.
Las ONG reclaman una tasa que grave los combustibles más contaminantes.
Dada la situación de urgencia ambiental en la que nos encontramos (cambio climático, pérdida de biodiversidad, etc.), esta reforma fiscal es urgente y deberá trasladar a sus responsables los costes ambientales de determinadas actividades económicas impactantes o el uso de productos contaminantes, además de bonificar la realización de buenas prácticas que conlleven externalidades positivas para el conjunto de la sociedad y ayudar a reducir desequilibrios sociales, mantienen las organizaciones conservacionistas.
Por este motivo, las organizaciones ecologistas esperan que estas propuestas sean puestas en práctica y completadas por las distintas administraciones públicas en sus respectivas competencias y territorios, de modo que avancemos de modo decidido hacia la sostenibilidad ambiental con una mayor equidad social.
