El negocio de las fincas para la celebración de bodas ‘ahoga’ el medio natural

El 89% de las fincas detectadas en la región madrileña se encuentran en zonas de alta o muy alta vulnerabilidad ecológica 

el Mirador
Por Mª Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción
Desde hace más de una década se está produciendo en la Comunidad de Madrid una transformación de fincas rústicas agropecuarias y forestales, en negocios de celebración de eventos (especialmente bodas multitudinarias). Esta nueva actividad que se produce en entornos naturales de gran valor, genera impactos ambientales, económicos y sociales que nunca han sido evaluados.

La celebración de este tipo de actividades reúne a centenares de vehículos (coches y autobuses) y cientos de personas (la capacidad máxima suele ser 400 personas) cada fin de semana, especialmente en la temporada de primavera y verano, en eventos que incorporan música a altos niveles e incluso fuegos artificiales. Esto sucede en zonas protegidas por la presencia de hábitats y/o fauna sensible, incluyendo zonas de cría, alimentación, anidamiento y campeo.

«La celebración de este tipo de actividades reúne a centenares de vehículos (coches y autobuses) y cientos de personas (hasta 400)«

Porcentaje de fincas dentro de espacios naturales protegidos. Fuente: Ecologistas en Acción.

Con el objetivo de iniciar el estudio de la situación y en la obtención de información sobre el impacto ambiental de estos negocios, Ecologistas en Acción ha realizado el mapa de fincas rurales destinadas a la celebración de eventos sociales. Se trata de una aplicación que consiste en un visor online constituido por ocho mapas con información específica (localización y delimitación de la superficie de cada finca, área afectada en cada finca, clasificación del suelo, usos del suelo, afección a espacios protegidos y Red Natura, áreas ecológicamente sensibles y fuente de la que se ha obtenido la información).

En este sentido, se han detectado 132 fincas dedicadas a la celebración de eventos sociales, distribuidas en 62 municipios de todo el territorio de la Comunidad de Madrid, aunque más concentradas en la zona oeste. Los municipios en los que se han detectado mayor número de fincas son Chinchón (9 fincas), Valdemorillo (7), Galapagar (7), Madrid (5), Aranjuez (5), San Lorenzo de El Escorial (4), Arganda del Rey (4), el resto de los 62 municipios cuentan con 1 ó 2 fincas. 97 fincas, que corresponden al 73% del total, se localizan en suelo no urbanizable de protección; 34 (26%) se localizan en espacios naturales protegidos y 64 (48%) en espacios Red Natura.

Bosque de La Herrería, en San Lorenzo de El Escorial.

En cuanto a la legalidad de la actividad, no se tienen datos por la dificultad de acceso a los mismos. Son dos administraciones las que intervienen, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que debe conceder calificación urbanística y el ayuntamiento del municipio en el que se localiza tiene que emitir licencia. Aun así, se puede afirmar que la mayoría de las fincas funcionan ilegalmente. De las 132 fincas, al menos 24 de ellas (18%) han sido denunciadas en algún momento de su actividad por carecer de autorizaciones y sólo se conocen 38 fincas que cuenten con la autorización de la Comunidad de Madrid, paso previo a conceder licencia municipal.

Al impacto ambiental hay que sumar la afección que esta actividad está ocasionando sobre negocios hosteleros legales y asentados en suelo urbano. Según datos de la asociación FEIDE (Fincas y Espacios Ilegales de Eventos) en los últimos años no se ha producido la apertura en suelo legalizado de ninguna nueva instalación hostelera dedicada a estos eventos. Por el contrario, se ha constatado el cierre de empresas que venían actuando en el marco de la legalidad, incapaces de competir con los nuevos operadores.

«De las 132 fincas, al menos 24 de ellas han sido denunciadas en algún momento de su actividad por carecer de autorizaciones»

Mapa de ñas zonas ecológicamente vulnerables de la Comunidad de Madrid y zonificación de las fincas.

Pero la actividad también tiene un impacto social. En ocasiones las fincas se localizan próximas a zonas residenciales y el tránsito de vehículos, el ruido, la música, incluso la pirotecnia, hasta altas horas de la madrugada dificultan la convivencia. Cuando las personas afectadas denuncian los hechos, se encuentran con la pasividad de las administraciones competentes. En varios casos, las personas afectadas se ven obligadas a acudir a la Justicia con el coste económico que conlleva. En municipios rurales, las consecuencias se agravan por el coste humano que puede tener el hecho de denunciar. Los propietarios de estas grandes fincas suelen tener gran influencia sobre los ayuntamientos y la administración regional.

Tras el trabajo realizado, la conclusión es que no se debe seguir incrementando el número de fincas rústicas dedicadas a este tipo de actividad, tiene que investigarse la situación de las existentes para proceder al cierre de todas aquellas que carezcan de autorización y no se deben seguir aprobando leyes ad hoc para favorecer una actividad que no beneficia al medio ambiente, que genera competencia desleal y conflictos sociales graves.