La emergencia habitacional como pretexto para eliminar protecciones y ampliar el negocio inmobiliario

Para la Plataforma Ecologistas Madrileña el Gobierno regional busca consolidar un urbanismo de excepción, reduciendo garantías ambientales o de seguridad vial y territorial

Redacción/. La Plataforma Ecologista Madrileña -formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista Madrileña, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura- ha presentado un extenso escrito de alegaciones al Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública, impulsado por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Considera que la norma no responde al interés general ni garantiza el derecho efectivo a una vivienda digna.

Las alegaciones denuncian que la ley prioriza sistemáticamente la rentabilidad del promotor privado. Por otra parte, uno de los aspectos más criticados es la introducción y progresiva consolidación de regímenes urbanísticos excepcionales inicialmente presentados como temporales. Paralelamente, la ley refuerza el papel de los Planes Territoriales de competencia autonómica, otorgándoles una capacidad directa para impulsar desarrollos residenciales, superando su función histórica de ordenación estratégica, coordinación supramunicipal y protección territorial.

Las alegaciones alertan de un grave retroceso ambiental y territorial, al introducir el silencio administrativo positivo en ámbitos tan sensibles como carreteras y vías pecuarias y al permitir, además, la aprobación del planeamiento urbanístico sin acreditar previamente la suficiencia del suministro eléctrico. Estas medidas eliminan controles esenciales vinculados a la seguridad vial, a la viabilidad de los desarrollos y a la protección de bienes de dominio público, advierten los ecologistas.

La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia también una vulneración sistemática de la autonomía local, al imponer normas autonómicas de aplicación directa que obligan a los ayuntamientos a pronunciarse expresamente para evitar su aplicación automática, convirtiendo a las entidades locales en meros ejecutores de una política decidida unilateralmente.