Denuncian la privatización de las labores de conservación de los jardines del parque de la Quinta de Torre Arias

Diferentes organizaciones defienden que durante los últimos ocho años ha sido la plantilla municipal la que ha llevado a cabo eficientemente los trabajos de conservación

Redacción/. Ecologistas en Acción, Comisiones Obreras y la Plataforma Ciudadana Quinta de Torre Arias denuncian la “intención” del Ayuntamiento de Madrid de privatizar los trabajos de conservación del Parque de la Quinta. A ellos se suman una veintena de asociaciones que han rechazado ya públicamente la privatización de estos trabajos, como la Plataforma Vecinal de San Blas, Asociación Vecinal Amistad de Canillejas, Asociación de Medio Ambiente Ecologista San Blas-Canillejas (AMAE), PSOE San Blas-Canillejas, Más Madrid San Blas-Canillejas, Izquierda Unida Madrid Ciudad, entre otras.

El actual delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, realizó, según estas organizaciones, unas declaraciones al respecto en el pleno de la comisión permanente ordinaria de Medio Ambiente y Movilidad el pasado mes de diciembre. Aseguró que el Ayuntamiento no tiene “afán privatizador” para con el Parque de la Quinta, sino que busca “incrementar sus recursos”. Para ello es necesario externalizar las labores de “alumbrado, mantenimiento de mobiliario urbano y actuaciones de obra civil”, algo de lo que la actual plantilla municipal de jardineros no puede hacerse cargo.

Sin embargo, Ecologistas en Acción, Comisiones Obreras y la Plataforma Ciudadana Quinta de Torre Arias ponen de manifiesto que las afirmaciones del delegado de Medio Ambiente chocan frontalmente con el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato de Servicio de Conservación Integral de Parques y Viveros Municipales. Para esas organizaciones la externalización de labores de conservación no se limita a la remodelación del alumbrado, el mobiliario urbano y la obra civil. Es por ello que defienden que la gestión jardinera y las labores de conservación de la Quinta sigan siendo públicas. Y añaden que un cambio en el tipo de gestión, de pública a privada, no busca favorecer los intereses comunes de la Quinta, ni incrementar sus recursos, sino más bien satisfacer intereses económicos privados.