Las vías pecuarias, cada vez más degradadas por las autorizaciones de construcciones

Desde el año 2015, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid realiza un informe anual sobre ocupaciones temporales

Redacción/. Las ocupaciones temporales, que deberían ser situaciones excepcionales en las vías pecuarias se han convertido en algo habitual debido a la permisividad de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid. Así se concluye tras seis años de seguimiento de las solicitudes particulares de ocupación del dominio publico pecuario. Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid presenta el último informe sobre ocupaciones temporales en la Red de Vías Pecuarias de la región.

Mojón indicativo de vía pecuaria.

Estas autorizaciones que deberían ser excepcionales se han convertido en algo cotidiano, lamentan desde Ecologistas en Acción. Y es que, según se recoge en el informe elaborado por la ONG conservacionista, desde 2015 a 2021 se han solicitado un total de 2.857 ocupaciones.

La región natural más castigada por las solicitudes de ocupación temporal es la Sierra de Guadarrama con 9 municipios afectados por 31 solicitudes; le sigue la región de Las Campiñas (excluida La Sagra), con 26 municipios y 22 solicitudes; la Región Metropolitana presenta 1 municipio afectado, pero con 5 solicitudes; seguimos con la región natural de La Sagra con 1 municipio afectado, pero con 4 solicitudes; y, finalmente, nos encontramos con la región natural de los Valles de Los Grandes Ríos Madrileños: Henares, con 1 municipio afectado y 2 solicitudes de ocupación.

Desde 2015 a 2021 se han solicitado un total de 2.857 ocupaciones

Ante esta situación, el informe de Ecologistas en Acción concluye que las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid no soportan más ocupaciones. Por ello solicitan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura una moratoria en su autorización y que se busquen soluciones al trazado de las vías pecuarias que han sido ocupadas ilegalmente por el tejido urbano residencial o industrial, para que no se sigan construyendo bajo y sobre ellas nuevas infraestructuras aprovechando la figura de la ‘ocupación temporal’, entre otras medidas.