Piden que no siga adelante el ‘Anteproyecto de Ley’ debido al impacto negativo que aseguran tendrá en lo tocante a la conservación de los espacios naturales de la región
Redacción/. En plenas fiestas navideñas, el Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso publicó el pasado 23 de diciembre el anuncio de trámite de audiencia e información públicas del ‘Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid’, estableciendo el reducido plazo de 7 días hábiles, entre Noche Buena y Noche Vieja, para la presentación de alegaciones.
El Anteproyecto de esta ley ‘ómnibus’, como ya se la conoce, modifica 33 leyes y 5 decretos vigentes en la Comunidad de Madrid e incluye además 15 nuevas disposiciones que afectan a muy diversos ámbitos como. «La complejidad, la transcendencia y los efectos del Anteproyecto sobre la sociedad madrileña, su territorio, su medio ambiente y sus derechos son de tal envergadura que resulta del todo imposible que en 7 días hábiles podamos participar de forma real y efectiva», advierten desde Ecologistas en acción. Es por ello que más de una treintena de organizaciones sociales han exigido la ampliación, al menos en un mes, de los plazos de los trámites de audiencia e información pública del citado anteproyecto o subsidiariamente se anule todo el procedimiento.
El Anteproyecto de esta ley ‘ómnibus’ modifica 33 leyes y 5 decretos vigentes en la Comunidad de Madrid e incluye además 15 nuevas disposiciones que afectan a muy diversos ámbitos como
En lo que respecta a la gestión de lo Parques Regionales, los cambios que propone la nueva normativa son, denuncian los ecologistas, contrarios a los objetivos de conservación de los valores naturales y al propio espíritu de las leyes: facilita la caza en zonas hasta ahora prohibidas y de máxima protección; permite tratamientos silvícolas, aprovechamientos forestales, obras y actuaciones en las zonas de mayor protección, sin mayor control administrativo; autoriza negocios y actividades hasta ahora no permitidas por su alto impacto ambiental; posibilita los negocios hosteleros, hoteleros y de turismo rural, así como el uso residencial, en zonas no urbanizables de protección; y anula la participación pública en la tramitación de los planes de gestión.
En este sentido, en pocos días más de 13.000 personas han firmado una petición en Change.org pidiendo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que retire la polémica ley.
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