El Derecho del ciudadano a un medio ambiente de calidad: ¿Derecho fundamental o acción particular?

medioambiente
Fuera del Derecho nacional son raros los casos en donde el derecho al medio ambiente es reconocido como Derecho fundamental 

el Mirador
Por María José Rovira Daudí. Doctora en Derecho. Socia y coordinadora del Área de Público y Regulatorio en CECA MAGÁN Abogados

La Constitución española no reconoce la existencia de un derecho al medio ambiente. Es cierto que en su artículo 45 dispone que toda persona tiene derecho a “disfrutar de un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona”, pero tal precepto no se configura como Derecho fundamental. Así, tal artículo se encuentra en el Capítulo III del Título I, bajo el Título «De los principios rectores de la política social y económica», no en el Capítulo III «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas», de forma que tal disfrute es una directriz, en palabras del Consejo constitucional—sentencia 199/1996, de 3 de diciembre—un principio rector, cuya garantía y defensa compete a los poderes públicos, pero exenta, como tal, de fuerza jurídica vinculante que habilite a cualquier ciudadano a invocar su protección ante los tribunales. Otra cosa es que tal potestad del ciudadano venga expresamente reconocida en una Ley.

Fuera del Derecho nacional son raros los casos en donde el derecho al medio ambiente sea reconocido como Derecho fundamental, como ejemplo de tal excepción lo encontramos en la Constitución francesa que enuncia un verdadero «derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente equilibrado y respetuoso de la salud», dotando al mismo de protección constitucional.

“Fuera del Derecho nacional son raros los casos en donde el derecho al medio ambiente sea reconocido como Derecho fundamental”

En niveles supranacionales, una vez más, la protección del derecho al medio ambiente a favor de los ciudadanos en textos internacional es, globalmente, inexistente, salvo en determinados textos programáticos, como la famosa Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano, de 1972. Tal Declaración integra, en sus principios, el reconocimiento de un derecho fundamental del Hombre a disfrutar de «las condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar».

Por su parte, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 1992 da un paso más, exigiendo a los Gobiernos, en su Principio 10, a activar mecanismos internos de acceso a la justicia ambiental. Si bien aún se tratan de textos de intenciones, soft law, desprovistos per se de todo efecto vinculante, su contenido, es recogido, en ocasiones, por los legisladores nacionales en sus textos con fuerza de ley; cambiando, obviamente, su naturaleza y exigencia.

Bosque de la Sierra de Guadarrama

Frente a estos antecedentes, es sorprendente la labor quijotesca iniciada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al reconocer, en 1994, la necesidad de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente de calidad, valiéndose del resto de los derechos reconocidos por el Convenio de DDHH. De esta forma, consideró que los ataques al medio ambiente (ruidos y olores) constituyen una violación directa del derecho a la inviolabilidad del domicilio o al de la vida privada y familiar, ordenando, en una primera sentencia, al Estado español al pago de una indemnización —sentencia de 9 diciembre 1994, Rec. 41/1993, López Ostra—.

Tras esta sentencia, se sucedieron casos similares, lo que ha permitido que exista, en el momento presente, una jurisprudencia consolidada y vinculante para todos aquellos Estados miembros del Consejo Europeo, entre éstos los Estados miembros de la UE.

“El Tribunal Europeo de Derechos consideró que los ataques al medio ambiente (ruidos y olores) constituyen una violación directa del derecho a la inviolabilidad del domicilio”

Desde entonces hasta nuestros días, las iniciativas y propuestas en tal sentido por parte, fundamentalmente, de Organizaciones internacionales —Consejo Europeo o PNUMA— han sido constantes y diversas, pudiendo reseñar, por su proximidad, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 37 se dedica al reconocimiento de un medio ambiente de calidad.

Así las cosas, la falta de tal reconocimiento no nos puede llevar a pensar en una desprotección en la medida que, en nuestro ordenamiento jurídico, los ciudadanos contamos con diferentes vías, administrativas y judiciales, para hacer valer nuestro derecho a un medio ambiente de calidad, así como defender la protección medioambiental. Ejemplos de tal reconocimiento lo conforma los derechos reconocidos por la normativa ambiental —derecho a la información y difusión ambiental, o al acceso a la justicia para su defensa—, o los instrumentos, las quejas al defensor del Pueblo, o a la Comisión UE, o el derecho de petición ante el Parlamento, entre otros, al alcance del ciudadano para reforzar tal protección.

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