La Justicia imputa a José Ignacio Fernández Rubio (PP), ex alcalde de Guadarrama y actual viceconsejero de Empleo, un delito contra la ordenación del territorio
P. Esteban/. No actuar de buena fe, provocar un proceso lento y enojoso, y, sobre todo, cometer presuntamente un delito contra la ordenación del territorio. Podría ser el currículo delictivo de un pobre desdichado, pero son algunas de las acusaciones que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hace sobre José Ignacio Fernández Rubio (PP), ex alcalde de Guadarrama y actual viceconsejero de Empleo.
El conocido como caso “El Molino” -en el que presuntamente Fernández Rubio construyó un restaurante de lujo sobre un antiguo molino de piedra, del siglo XVIII, situado en una zona de máxima protección- ha cubierto un nuevo capítulo. El ex regidor, que tenía intereses en la sociedad que gestionaba el local, lleva alargando el litigio más de siete años empleando argucias legales como la alegación de su condición de diputado, lo que le impedía ser juzgado por un tribunal ordinario. “No parece que tal conducta, con base en una deliberada ocultación, cuadre con las reglas de buena fe”, le ha recriminado elTSJM.
“Actuación bochornosa de Aguirre”
Ante este panorama, las voces de la oposición se han hecho más fuertes que nunca. Lo cierto es que la tibieza mostrada por Esperanza Aguirre en este proceso clama al cielo. Hay silencios atronadores y reveladores de la capacidad de gestión, y, sin duda, la callada por respuesta que está poniendo sobre la mesa la presidenta de la Comunidad dice más que mil palabras. “La Comunidad de Madrid ha actuado de forma bochornosa intentando legalizar una situación irregular”, explica Antonio Fernández Gordillo, diputado socialista.
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